Las Leyes 39 /2015 y 40 /2015 parece que lo cambiarían todo..estaban llamadas a ser la palanca de cambio en la transformación digital de las Administraciones Publicas, aumentaría nuestra eficiencia y productividad…la disrupción tecnológica ya estaba aquí ….sin embargo 5 años después el milagro no ha sucedido. ¿Qué ha fallado?

Las leyes cometieron algunos errores de bulto con regresiones al pasado con esos índices foliados; regulación de copias electrónicas sin cambio de formato o regular la firma electrónica sin adaptación al eidas..(posteriormente enmendada,) e hizo algunas omisiones regulatorias que pueden llevar a la parálisis: así vemos que el dato se menciona más para protegerlo que como activo de valor; la Inteligencia Artificial cabe en ellas pero no se afronta su regulación…

El problema es que el literal de la ley se puede cumplir haciendo lo mismo que antes pero mandándolo a un portafirmas electrónico y archivando los documentos generados en recursos compartidos, remisiones por correo … 5 años después las administraciones públicas tienen una fantástica burocracia digitalizada con casi las mismas ineficiencias anteriores y alguna nueva añadida ( indisponibilidad de servicios, incrementos de tasa de errores…)

Aunque ha habido CCAA que han regulado el desarrollo de la Administración Electrónica (Galicia y Andalucia) y el Estado nos dejó ver el borrador de Real Decreto, tengo que decir que el DECRETO 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital de Cataluña me parece que marca un salto cualitativo en la materia y supone un revulsivo porque es mucho más explicito en la finalidad que se pretende conseguir. Aunque aconsejo una lectura una sosegada lectura del mismo, a mi me ha llamado la atención por estos 5 motivos:

  1. La Administración digital y los empleados públicos Además de abogar por la capacitación declara que :Los sujetos del artículo 2 de este Decreto deben disponer, en sus plantillas, de los perfiles profesionales necesarios para hacer efectiva la Administración digital. Todos los que trabajamos en la Administración sabemos que faltan perfiles TIC, que las OEP siguen costumbre decimonónicas que poco tiene que ver con la situación actual. Muchos son los expertos que reclaman una adaptación de perfiles y aptitudes en las plantillas. Renovarse o morir.
  2. El gobierno del dato. Los datos como activo digital :Los bancos y la empresa privada hace años que lo vieron, nosotros seguimos pegados al documento. El enfoque novedoso del decreto es que escenifica perfectamente lo que debe ser las bases de la transformación digital: las AAPP gestionan sobre los datos y si la normativa exige acreditación documental los sistemas de gestión electrónica ya se encargan de confeccionarlo. ( cuando compramos en Amazon o Zara no firmamos un pdf con el pedido, introducimos unos datos en la aplicación, damos a comprar y luego en caso de necesitarlo el portal te da la funcionalidad de si quieres imprimir el resguardo PDF del mismo, así vienen funcionando también la banca y la AEAT en la RENTA) El articulo 22 lo define claramente para que no haya dudas:»el activo digital es el dato o la información obtenida o generada en el desarrollo de las funciones y competencias de los sujetos del artículo 2 de este Decreto que requiere ser documentada y conservada durante un periodo de tiempo determinado. Concretamente, son activos digitales los ficheros de datos, de imágenes, de sonidos, de texto y multimedia, así como cualquier tipo de dato o de representación de información, entre los cuales están los documentos administrativos. Son los sistemas de gestión electrónica los que se comunican esos datos que generan (por ejemplo: el sistema contable no solo comunicará que se ha realizado la fiscalización sino que permitirá al gestor de contratación continuar si es favorable o impidiéndoselo en caso de reparo: dejemos a un lado lo de adjuntar archivos o remitirlos por correo electrónico)
  3. Afronta la regulación de uso de técnicas de procesamiento masivo de datos para la prestación de servicios proactivos y personalizados con la finalidad informar a las personas, de manera predictiva y anticipada, sobre los servicios públicos a los cuales pueden acceder. Todo ello con la previsión de que  «El modelo debe garantizar la seguridad de los datos, gestionando su alta, modificación, consulta y borrado de manera segura y con trazabilidad, así como su autenticidad, integridad, confidencialidad, privacidad y disponibilidad.» Una apuesta inédita, valiente y necesaria.
  4. Implementa un Modelo de ciberseguridad enfocada en el valor que tienen los activos tecnológicos. El Artículo 34 regula la Ciberseguridad en el ámbito de la Administración digital, la protección de los usuarios de los sistemas y busca generar una cultura de la ciberseguridad.
  5. Firma de empleado público. Ya he escrito mucho sobre el tema , sobre la necesidad de implantar políticas de firma innovadoras que muestren los que el ciudadano quiere saber: a que AAPP representamos y en que condición ( no nuestro DNI (¿Quién protege nuestros datos personales?). Aunque las firmas alternativas a las basadas en certificado cada vez son más extendidas (CGPJ, AEAT…) nunca se había escrito tan claro como lo hace el ART 53.2 «Las herramientas de tramitación electrónica del procedimiento administrativo común deben incorporar mecanismos de firma electrónica basados en sistemas no criptográficos incorporando el uso de un sello electrónico y, en su caso, con un código seguro de verificación.» La actuación y transacción de un empleado publico en un sistema de gestión electrónica en el que está autorizado con un determinado rol podrá constituir acto firmado sin necesidad de generar un PDF y llevarlo a un portafirmas. A esa actuación le superpondré un sello de órgano que le dotará de interoperabilidad al activo digital. Esto no es nuevo: si vemos una orden ministerial en el BOE bajo su sello electrónico damos por supuesto que detrás hay un proceso de verificación de la firma del titular ministerial sin necesidad de que venga con su certificado del ministro en cuestión.

Me parece un decreto valiente, innovador , con una redacción clara que apuesta por la verdadera transformación digital..ojalá y marque una senda. Por ponerle un único «pero» , quizás se le podría haber dado algo más de protagonismo a las comunicaciones informales de la Administración Pública, (como hace la Ley Gallega y en su día hizo el Decreto Valenciano). En este ámbito creo que las Administraciones Públicas pueden tener muchísimo campo y es bueno tener un marco normativo claro…todo puede mejorar!!

5 motivos por los que el decreto de Administración Digital de Cataluña puede ser el revulsivo que necesita la Administración Pública
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Matilde Castellanos Garijo


Funcionaria Cuerpo Superior de Comunidad Autónoma,Especialidad Jurídica, Máster en Dirección Publica y en Dirección TIC. Desde los inicios de mi etapa profesional he estado, sin saberlo, ligada a procesos de innovación publica. Así, participé en la puesta en marcha del Portal del Empleado y Concurso de traslados on line, Diario Oficial de Castilla La Mancha Electrónico...nunca he abandonado la búsqueda de mejorar los servicios públicos. Desde el 2008 trabajo ligada al ámbito económico financiero en el que he participado en la implantación de la Factura electrónica así como la firma electrónica en el sistema económico financiero. Soy docente en cursos de la Escuela de Administración Regional en los que intento transmitir el entusiasmo por la innovación y mejora en todos los ámbitos de la Administración Pública.


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