El pasado viernes 27 de diciembre se publicó en el DOCM la Ley de Presupuestos Generales de CLM para 2020. Su Disposición Adicional Vigesimoprimera trata de paliar la falta de adaptación de las normativa administrativa a los tiempos cambiantes que nos impone la tecnología. Las distintas AAPP hemos procurado que los ciudadanos dispongan de pago electrónico pero volvemos a despreocuparnos de como puede pagar la Administración Publica. El mismo error de siempre como vamos a dar un buen servicio al cliente si la trastienda está sin ordenar.

¿Que sucede cuando un órgano de la administración tiene que comprar una licencia o producto de google, Apple,  microsoft o similar? (por supuesto hablo de productos que en ningún caso superan el límite contractual menor) ¿ Que respuesta damos al órgano competente en materia de juventud o mujer que plantea que quiere contratar una campaña en Facebook  por ser una opción mucho más eficaz y eficiente que los medios tradicionales?  

Ante esta situación la AAPP suele encontrar  dos barreras:

  • La primera , el principio de servicio hecho., recogida en el artículo 21 de la Ley General Presupuestaria y en la mayoría de homologas autonómicas, que tras disponer en su apartado 1 que “las obligaciones de la Hacienda Pública estatal sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, ….”, añadiendo en el apartado 2, en relación a aquellas que tienen por causa prestaciones o servicios, que “el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación”. Ante este principio general tenemos el pago a justificar que como lo define Pascual García es un procedimiento excepcional diseñado inicialmente para soslayar el rigor de la regla de servicio hecho, en los supuestos en que resultaba de imposible o difícil aplicación. Logicamente este procedimiento no se diseñó pensando en las transacciones electrónicas de hoy dia.
  • La segunda, el medio de pago, limitación que quizás afectaría particularmente a Castilla la Mancha. El artículo 6 de la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de medidas administrativas y tributarias de Castilla-La Mancha, introdujo la prohibición expresa en la utilización de tarjetas de crédito y/o débito, con dos excepciones: pago de combustibles y peajes de autopistas.

Los caminos explorados por las diversas administraciones públicas han sido variopintos, salvando obstaculos pero sin afrontar el problema: desde la contratación a empresas o realizar encargos a medios propios para  la adquisición de estos productos pagando un sobrecoste por el único valor añadido de “poner un numero de tarjeta” . No parece muy compatible con el principio de eficiencia que debe perseguir nuestra actuación. En otros casos se autorizaba un pago a justificar al empleado que efectuaba la compra con la tarjeta. .

La Disposición adicional citada de la Ley de Presupuestos de CLM trata de ofrecer una solución cuando regula los «Medios electrónicos de pago». La persona titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá autorizar, de forma excepcional y a petición de la persona titular de la consejería de la que dependa el órgano interesado, el uso de medios electrónicos de pago para el comercio electrónico, cajeros pagadores, pagos a justificar, anticipos e indemnizaciones contempladas en el Decreto 36/2006, de 30 de abril, de indemnizaciones por razón del servicio, y otros pagos que impliquen la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos de pagos. Con las excepciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medias Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, tales medios electrónicos de pago no podrán consistir en tarjetas de crédito y/o débito, sino en otros mecanismos o dispositivos que permitan el control de los pagos y el establecimiento de límites cuantitativos previos.

Por tanto con el régimen de un pago a justificar y dotando de tarjetas precarga a los cajeros pagadores podríamos efectuar este tipo de pagos se trata de dar una solución temporal aplicando normas pensadas (el pago a justificar)para distintos supuestos de hecho como el actual. En mi opinión, debemos afrontar una regulación de pago de las AAPP que aborde, con todas las cautelas y garantías, y sin menoscabo alguno del control, que hay ciertas reglas del comercio que están cambiando, porque esto parece que va ir a más (no recuerdo cuando fue el ultimo pago mediante transferencia que hice en mi vida privada…no hablo ya del cheque. Y ello no quiere decir que descuide el control de mi economía doméstica)

La normativa debe promover una administración más eficaz y eficiente sin menoscabo del control…porque todo puede mejorar

Google y Apple no entienden de transferencias ni de servicio hecho
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Matilde Castellanos Garijo


Funcionaria Cuerpo Superior de Comunidad Autónoma,Especialidad Jurídica, Máster en Dirección Publica y en Dirección TIC. Desde los inicios de mi etapa profesional he estado, sin saberlo, ligada a procesos de innovación publica. Así, participé en la puesta en marcha del Portal del Empleado y Concurso de traslados on line, Diario Oficial de Castilla La Mancha Electrónico...nunca he abandonado la búsqueda de mejorar los servicios públicos. Desde el 2008 trabajo ligada al ámbito económico financiero en el que he participado en la implantación de la Factura electrónica así como la firma electrónica en el sistema económico financiero. Soy docente en cursos de la Escuela de Administración Regional en los que intento transmitir el entusiasmo por la innovación y mejora en todos los ámbitos de la Administración Pública.


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